Para su constitución y operación no requiere de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí se encuentra sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos del artículo 56, 87-J y 87-K de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y demás aplicables de la ley mencionada y las demás disposiciones aplicables.